En 2026, la producción en Venezuela camina por un terreno de alta incertidumbre, donde el contrabando en la frontera de Táchira, la falta de inversión en plantas y campos, y los reclamos de la cúpula agraria convierten a la economía real en un escenario de riesgo permanente. El país atraviesa un año de contrastes: por un lado, se anuncian reformas para reactivar la industria petrolera y agrícola; por otro, persisten patrones de bloqueo financiero, inseguridad en el campo, y prácticas ilícitas que se comen buena parte de la riqueza generada. En este contexto, la capacidad del país para producir alimentos, manufacturas y energía se encuentra en juego, y el sector productivo exige respuestas que van más allá de los discursos de modernización.
El contrabando en Táchira como factor de desestabilización
El estado Táchira, fronterizo con Colombia, se ha convertido en un epicentro simbólico y material del problema del contrabando. La región convive con una economía paralela que se sostiene en el tráfico de combustible, alimentos, insumos y demás productos que entran o salen del país por vías informales. Esta dinámica no solo erosiona la recaudación fiscal, sino que distorsiona los precios, vacía inventarios legítimos y golpea directamente a comerciantes, agricultores y pequeños industriales que operan dentro del marco legal.
La estructura del contrabando atraviesa desde grupos de “trochas” y redes de transporte hasta la complicidad de actores locales, con permisos ilegales, control de caminos y una lógica de negocios que se mueve al margen de la ley. Productores agrícolas de Táchira denuncian que, mientras pagan sus costos formales, ven cómo grandes volúmenes de mercancía se desplazan sin pagar impuestos, generando una competencia desleal que encarece su posicionamiento en el mercado interno. La presencia de estos circuitos afecta también la liquidez del campo, porque el dinero que debería circular en acopios, transporte y servicios se diluye en negocios informales que no alimentan el aparato productivo formal.
Falta de inversión en la industria y la agropecuaria
Paralelamente al contrabando, la economía venezolana enfrenta un problema estructural de inversión productiva. La industria manufacturera, tras un breve repunte de crecimiento en 2025, comienza 2026 con cifras de estancamiento: el último semestre de 2025 había revelado un crecimiento apenas marginal de alrededor de 0,1%, lo que confirma la persistencia de obstáculos como la elevada carga tributaria, la brecha cambiaria y la escasez de divisas para importar insumos y maquinaria. Empresarios afirman que la confianza en el entorno económico sigue baja, con más de la mitad de los encuestados previendo un futuro “mucho peor” si no se implementan reformas de fondo.
En el sector agropecuario, la situación no es distinta. El campo venezolano sigue padeciendo años de desinversión, con equipos destruidos, sembradoras quemadas, pocas reposiciones de maquinaria y una infraestructura de riego y transporte degradada. Fedeagro, la Federación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, ha denunciado públicamente la quema de tractores, sembradoras y otras herramientas agrícolas en fincas del interior, así como la imposición de extorsiones por parte de grupos de delincuencia organizada. Estos hechos no solo representan pérdidas materiales, sino que colocan a propietarios, trabajadores y comunidades en un estado de alerta permanente, donde la producción se ve acosada por la violencia y la presión mafiosa.
Reclamos de Fedeagro: seguridad, precios y paridad cambiaria
Fedeagro ha convertido 2026 en un año de pronunciamientos contundentes contra el deterioro de las condiciones de trabajo en el campo. La organización ha elevado denuncias ante autoridades nacionales exigiendo una acción coordinada para garantizar la seguridad de agricultores, ganaderos y sus familias, así como la protección de instalaciones, corrales, cultivos y maquinaria. La confederación insiste en que la violencia contra el sector agrario pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, ya que el ataque a la capacidad productiva del campo se traduce, a mediano plazo, en mayores dificultades para abastecer a la población con alimentos básicos.
Entre los principales reclamos de Fedeagro se encuentran la formalización de precios agrícolas, la eliminación de distorsiones cambiarias que afectan la rentabilidad de la producción y la garantía de acceso a divisas para adquirir insumos, fertilizantes y maquinaria. El gremio argumenta que, sin un esquema de precios justos y estables, los productores quedan expuestos a la volatilidad del mercado, mientras que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo termina por “comerse” buena parte de la renta que generan. La falta de incentivos para producir en el largo plazo impide que el campo venezolano se convierta en un pilar de la economía, tal como se anuncia en el discurso oficial.
Además, Fedeagro insiste en que el cese al contrabando debe ser una política pública real, no solo un lema de campaña. La confederación exige que se endurezca la vigilancia fronteriza, se sancione a empresas y transportistas que participen en redes ilícitas, y se investigue la complicidad de autoridades locales que permiten el flujo de mercancía. La idea central es que una política integral de seguridad, prevención y represión contra el contrabando permitirá liberar recursos, mejorar la competitividad del productor local y reorientar la economía hacia una lógica de producción genuina, no de renta paralela.
El riesgo para la seguridad alimentaria y el empleo
El cierre del año 2025 había dejado una alerta profunda sobre la capacidad del sector real para sostener a la población venezolana. La industria manufacturera, con su estancamiento, muestra que la recuperación inicial de la actividad industrial no ha consolidado un modelo sostenible, sino que depende de factores coyunturales como la disponibilidad puntual de divisas o la reducción temporal de la competencia extranjera. Mientras la inversión en modernización, mantenimiento de líneas de producción y actualización tecnológica no se considere una prioridad, el riesgo de caer nuevamente en caídas de producción, pérdida de empleos y cierres de plantas permanece latente.
En el campo, la combinación de contrabando, extorsión, falta de maquinaria y precios distorsionados amenaza la capacidad de Fedeagro y de otros productores para mantener los niveles de producción agrícola y ganadera. La presión sobre los agricultores no solo se mide en términos de rentabilidad, sino en su capacidad de sostener empleos rurales, mantener la soja, la maíz, el sorgo, el ganado bovino y otras actividades que alimentan a la población. La crisis de seguridad en el campo, caracterizada por la destrucción de herramientas, el secuestro de ganado y la ocupación de tierras, se traduce en un panorama de desconfianza que disuade a inversionistas y emprendedores de arriesgar capital en el sector.
El petróleo como eje de la recuperación productiva
Aunque la industria no petrolera enfrenta severos desafíos, el gobierno venezolano ve en la reactivación del sector energético una de las llaves para salir del estancamiento. En 2026, el país se prepara para una reestructuración de su modelo petrolero, con planes de reforma a la ley petrolera y de apertura a la inversión privada nacional y extranjera. La expectativa de que, para mediados de 2026, la producción de crudo pueda recuperar niveles cercanos a los anteriores al bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos, abre la posibilidad de mejores ingresos por exportación, aunque la realidad de los primeros meses del año mantiene a la producción petrolera en niveles significativamente más bajos de lo que se esperaba.
La recuperación de la producción de petróleo tendrá impactos directos e indirectos en el resto de la economía. Por un lado, los ingresos adicionales generarán mayor capacidad de importación de bienes intermedios, energia, maquinaria y tecnología, elementos clave para la industria manufacturera y el sector agrícola. Por otro, la estabilidad financiera que podría derivarse de una recaudación más robusta permitiría al Estado repensar políticas de inversión, reformas de precios agrícolas y programas de fortalecimiento de las cadenas de valor, desde la producción primaria hasta la transformación industrial.
Sin embargo, la experiencia reciente advierte contra la dependencia exclusiva del petróleo como motor de la recuperación. Aunque el sector energético pueda reactivarse, las condiciones de contrabando, inseguridad en el campo y la falta de inversión estructural en plantas industriales todavía amenazan la sostenibilidad del crecimiento. La industria y la agronomía necesitan más que ingresos petroleros: necesitan un entorno de estabilidad legal, baja de la tributación y la burocracia, y una política de inversión pública y privada que priorice el fortalecimiento de las bases de producción, no solo la maximización de la exportación de crudo.
El papel del Estado: regulación, seguridad y sustentabilidad
En este escenario de producción en riesgo, el Estado venezolano se encuentra en una encrucijada. La tarea central es convertirse en garante de un entorno donde la inversión productiva sea atractiva, la seguridad en el campo y la frontera sea una realidad palpable, y las políticas de precios y financiamiento permitan a empresarios, agricultores e industriales planificar el futuro. La cooperación con gremios como Fedeagro, Conindustria y otros sectores de la economía real es fundamental para diseñar políticas de incentivos, créditos blandos, protección de la propiedad y lucha seria contra el contrabando.
En el caso de Táchira, el gobierno tiene la oportunidad de mostrar que la lucha contra el contrabando no es solo un discurso de campaña, sino una política sostenible que combine vigilancia fronteriza, cooperación con autoridades colombianas, sanciones efectivas y alternativas legales para el comercio formal. En el campo, la seguridad de los agricultores, la protección de sus herramientas y la eliminación de la extorsión deben convertirse en una prioridad nacional, con rutas de atención rápida, acompañamiento de fuerzas de seguridad y mecanismos de denuncia que no queden en la nada.
Finalmente, la producción en riesgo en Venezuela 2026 no es solo un problema de números en la tabla de crecimiento, sino de confianza, de seguridad, de respeto a la propiedad y de coherencia en la política económica. La combinación de contrabando en Táchira, la falta de inversión en la industria y la presión de Fedeagro ante la violencia y las condiciones de mercado exige al Estado una decisión clara: reforzar la estructura productiva o continuar dejando que el país dependa de ciclos de ingresos petroleros aleatorios. La respuesta que el país dé en 2026 definirá si la economía venezolana recupera su capacidad de producir con estabilidad, o si sigue atrapada en un patrón de crisis, contrabando y desconfianza productiva.
Alice Ann es una periodista enfocada en noticias internacionales y tendencias digitales. Su trabajo se centra en ofrecer información precisa, clara y verificada para una audiencia global.